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La Veu de la Parròquia
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La Veu de la Parròquia

Época 2/Núm 415. DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO. 21 de octubre de 2018

 

No es bueno cerrar los ojos ante la injusticia. Los políticos sólo pueden gobernar participando de una ley superior, de la preocupación por el bien común. Ni la Iglesia como institución ni el ciudadano cristiano pueden enmudecer cuando el legislador escarnece la ley de Dios promoviendo la ofensa y la blasfemia. Despenalizar las ofensas religiosas, además de privatizar la religión, constituye una notable violencia por parte del Estado. La religión sufre coacción cuando un procedimiento legal pretende impedir el respeto a Dios en una sociedad libre: ¿o no es coaccionar legalizar la blasfemia como se proponen los miembros del partido Podemos? La libertad religiosa es inmunidad de coacción garantizada por un procedimiento legal que preserva la apertura a Dios en una sociedad libre. ¿Por qué debería tolerar el ciudadano una libertad que no respeta sus creencias y sentimientos religiosos? El Estado debe refrenar el mal y ponerse al servicio de la reconciliación organizando una convivencia que no arroje fuera de la sociedad la religión, ni practique la violencia como disciplina habitual para unirnos unos a otros, o aspire a una falsa libertad de expresión que signifique legalizar la blasfemia.

  

El crimen del aborto, un drama con dos víctimas

En la catequesis de la audiencia general de este miércoles, diez de octubre, el papa Francisco ha reflexionado sobre el quinto mandamiento: «No Matarás». El Santo Padre ha dicho: «Un enfoque contradictorio también permite la supresión de la vida humana en el útero materno en nombre de la salvaguardia de otros derechos. Pero, ¿cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su nacimiento? Y yo les pregunto –agregó el Pontífice– ¿Es justo quitar una vida humana para resolver un problema? ¿Qué cosa piensan ustedes? ¿Es justo? ¿Es justo pagar a un sicario para resolver un problema? No, no se puede, no es justo quitar la vida a un ser humano, incluso pequeño, para resolver un problema».

En España el tema del aborto está regulado por dos leyes orgánicas: la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como la Ley del Aborto, aunque también hace referencia a la Ideología de Género, y la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, que es tan solo una modificación mínima de la Ley anterior, requiriendo la nueva Ley la necesidad de consentimiento expreso de los representantes legales de la menor que desea abortar. Todo el resto de la Ley anterior permanece sin modificaciones. El problema del aborto tiene dos vertientes: la científica y la religiosa. Desde el punto de vista científico, un millar de intelectuales españoles, entre ellos doscientos miembros de Reales Academias, firmaron en el 2009 un documento, llamado Manifiesto de Madrid, en el que se afirma explícitamente: «Existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación» y «un aborto no es sólo la ‘interrupción voluntaria del embarazo’ sino un acto simple y cruel de ‘interrupción de una vida humana’», así como «el aborto es un drama con dos víctimas: una muere y la otra sobrevive y sufre a diario las consecuencias de una decisión dramática e irreparable» y «es por tanto preciso que las mujeres que decidan abortar conozcan las consecuencias psicológicas de tal acto y en particular del cuadro psicopatológico conocido como el ‘Síndrome postaborto’». Y están hablando desde un punto de vista puramente científico.

Hoy además sabemos que ya en la célula inicial se encuentra la información que se conserva en todas las células y es la que determina la diferenciación celular, sin olvidar que, gracias a las ecografías, muchos padres y abuelos llevan en sus móviles la foto de los bebés aún no nacidos. Por supuesto, si lo que se destruye es un ser humano, estamos ante un crimen, guste o no guste. En consecuencia, los políticos que votan a favor del aborto votan a favor de actos criminales, incluso antes de hacer referencia a la cuestión religiosa.

Las palabras del Papa van en lo religioso en la misma línea: la condena del aborto es desde siempre uno de los puntos más claros de la moral católica. El quinto mandamiento es «No matarás» y en el Antiguo Testamento se afirma que Dios nos conoce ya en el seno materno (Is 49,1 y 5; Jr 1,5; Sal 139,13; Job 31,15; 2 Mac 7,22-23) y en el Nuevo Testamento san Juan Bautista se alegra en el seno materno de la venida de Jesús (Lc 1,42-44). En el Concilio Vaticano II se afirma que la vida debe ser defendida desde la concepción y que el aborto es un crimen horrible (GS 27 y 51). Para san Juan Pablo II la despenalización del aborto, que priva a los más débiles de su derecho más fundamental, no es compatible ni con el bien común, ni con el justo orden público. Es una ley injusta y una práctica inmoral, especialmente para aquéllos que se enriquecen así. Para las mujeres no se trata de ser madre o dejar de serlo, sino de ser madres de un hijo vivo o de un hijo muerto. Los políticos son personas que tienen responsabilidades morales y es legítimo recordárselas, tanto más cuanto que «si las leyes no son el único instrumento para defender la vida humana, sin embargo, desempeñan un papel muy importante y a veces determinante en la promoción de una mentalidad y de unas costumbres» (Encíclica Evangelium Vitae nº 90).

Es indiscutible que las palabras del Papa Francisco pueden parecer duras y que comparar a los abortistas con los sicarios va a escocer a muchos. Pero la pregunta que hemos de hacernos ante ellas es: ¿son verdad o mentira? El Papa ha de recordar que, como dijo Jesucristo: «la Verdad os hará libres», y que desde luego no se consigue nada descafeinando la doctrina católica. Pero esa misma obligación de ser fieles a Jesucristo, a su Iglesia y a su Magisterio, la tenemos todos nosotros.

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